NOTA DE PRENSA CONJUNTA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA CCOO Y FITAG-UGT
El 5 de febrero el secretario de estado de Energía se reunirá por separado con Industria de CCOO y FITAG-UGT. Ese será el primer encuentro que mantengan las dos organizaciones sindicales con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde el pasado mes de agosto. Por eso hemos acordado esta mañana que acudiremos al encuentro con los mismos objetivos: abrir un marco de negociación estable que aborde el futuro del sector y las comarcas mineras.
La situación que atraviesa la minería del carbón es insostenible. A las extinciones masivas de empleo en las comarcas mineras se suma el progresivo recorte salarial y el empeoramiento de las condiciones laborales en las explotaciones mineras desde que el Gobierno de Mariano Rajoy apostó por las políticas regresivas y el ajuste presupuestario. Por eso, la Federación de Industria de CCOO y FITAG-UGT han decidido acudir a la reunión del día 5 con un planteamiento consensuado y común para el que exigirán una respuesta inmediata a las siguientes exigencias.
Es de máxima urgencia el pago de los 111 millones de euros procedentes de las ayudas a la explotación contempladas en los PGE del 2012, y de tal forma que estas no repercutan en los PGE de 2013 sino a cuenta del año en el que fueron presupuestadas (desde la llegada del PP al Gobierno la Minería del Carbón no ha recibido un solo euro por este concepto), así como la puesta en marcha de la convocatoria de ayudas del 2013 para su posterior pago.
Es necesario y a su vez urgente que el Gobierno clarifique si es su intención mantener las ayudas a la explotación a las empresas mineras a partir de 2014, puesto que desde el ámbito de la Administración se viene trasladando que este año será el último para las mismas.
Además, es imprescindible y urgente la puesta en marcha de la resolución que desarrollará el Real Decreto de restricciones por garantía de suministro para el 2013 y que en la actualidad se encuentra en trámite de audiencia, y en el que además de tener algún error -falta de alguna empresa- deben corregirse las diferentes cantidades asignadas en lo referente a producciones y a su distribución en cuanto a la procedencia de los carbones de cielo abierto / subterráneo, así como a la propuesta sobre precios de retribución de la energía.
Igualmente se ha de clarificar por parte del MINETUR si se mantendrá hasta y a partir de 2014 la aplicación el R.D. de restricciones por garantía de suministro acordado en su día con los agentes sociales y la patronal -año 2010-, puesto que desde el propio ministerio se está comentando que desaparecerá y será sustituido por otro mecanismo en el próximo verano e incluso antes. De hecho, a ambos sindicatos nos han llegado informaciones en las que se afirma que el Secretario de Estado de Energía ha pedido firmar a todos los empresarios mineros y estos han accedido, comprometiéndoles a que, si se da esta circunstancia, no presentarán ningún tipo de recurso contra esta decisión. Tanto FITAG UGT como la Federación
de Industria de CCOO exigiremos a la Administración que clarifique si son ciertas tales informaciones y si es así que explique el porqué de esta decisión unilateral, autoritaria y creemos que gravísima, con la renuncia a presentar recurso a algo que se desconoce.
Y después de estas peticiones inaplazables, ambas federaciones sindicales exigiremos la urgente constitución de la mesa de negociación de un nuevo marco regulador estable que dé continuación a los anteriores planes del carbón en sus vertientes, tanto en la sectorial como en la social y en la territorial, y que tengan como objetivo el respeto al empleo, a las empresas, la reactivación y a la formación y becas y que haga incidencia en un verdadero cambio económico, estructural e industrial de los territorios afectados y en la que han de estar presentes las organizaciones sindicales más representativas del sector -la ley resuelve este enigma que parecen tener algunos, solo es aplicarla correctamente-, la patronal y el MINETUR.
Sólo el trabajo, la transparencia y el acuerdo entre las partes posibilitarán un futuro estable, tanto sectorial y social como territorial, y como consecuencia el mantenimiento del empleo, de las empresas y la transformación económica e industrial de las comarcas mineras de este país.
